Gobierno declara estado de emergencia nacional por causa del fenómeno de El Niño
El Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia nacional como consecuencia del comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño. La medida busca adoptar acciones preventivas de mitigación y de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas, salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes.
La Resolución N°102-26 establece que es necesario aplicar estas medidas frente a las afectaciones que este evento climático pudiera ocasionar. Los datos oficiales registran al menos 15,643 personas afectadas por inundaciones de enero de 2026 a la fecha, de las cuales más del 70% se concentran en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras que el resto corresponde a las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di.
Para otras regiones del país, según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el fenómeno alcanzará mayor intensidad con déficit de lluvias durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como en enero, febrero y marzo de 2027. Sus efectos se extenderán hasta el mes de mayo de 2027 con altas temperaturas que podrían impactar a la población, el sector agropecuario y a los recursos hídricos del país.
Esta situación podría generar sequías en las cuencas hidrográficas y bajos niveles en lagos y embalses, como el de Bayano, además de afectar el tránsito de buques y la disponibilidad de agua para las operaciones del Canal de Panamá. Asimismo, se prevén afectaciones en la generación de energía hidroeléctrica, lo que comprometería la estabilidad y sostenibilidad de los recursos energéticos nacionales.
En consecuencia, la resolución dispone que el Ministerio de la Presidencia coordinará con las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas las acciones necesarias para ejecutar esta autorización. El documento faculta realizar las contrataciones requeridas mediante el procedimiento especial de adquisiciones por estado de emergencia nacional, con vigencia hasta el 30 de junio de 2027.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Gobierno —por conducto del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)— a coordinar la recepción y aceptación de las contribuciones de organismos humanitarios —nacionales o internacionales— que deseen aportar a la atención de las personas afectadas.
Finalmente, se ordena a todos los ministerios y entidades que efectúen adquisiciones de bienes y servicios al amparo de esta Resolución de Gabinete presentar un informe escrito ante el Consejo de Gabinete que detalle el nombre del contratista, el objeto del gasto y el monto contratado. Dicho informe deberá ser publicado en el sistema electrónico de contrataciones públicas PanamáCompra.
Ante esta situación, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, planteó que la declaratoria de estado de emergencia busca anticiparse a los posibles escenarios que se presenten a causa del fenómeno El Niño en todo el territorio nacional, ya sean inundaciones o deslizamientos de tierra en los lugares donde llueva por encima del promedio, o sequía donde no se produzcan suficientes precipitaciones.
Por su parte, la directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que actualmente hay 11 cuencas hidrográficas dentro del país consideradas en situación de "estrés hídrico", con bajo nivel en sus ríos, lo que complica la operación de hidroeléctricas y plantas potabilizadoras.
Esta situación contrasta con la de Bocas del Toro, provincia que registra un 25% más de precipitaciones de lo habitual en esta época, incrementando el riesgo de inundaciones y deslaves.
Las afectaciones que ha generado El Niño en Panamá desde enero hasta agosto han alcanzado a 15,453 personas, explicó Omar Smith, director general del Sinaproc.
La red vial del país también ha sufrido daños debido a los trastornos climáticos de El Niño, explicó el director de Estudio y Diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Edwin Lewis. Mayormente se han concentrado en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Coclé, donde hay reportes de socavación de bases en al menos 10 puentes.
"Ya el MOP tiene un plan preparado para atender todos estos puntos", declaró Lewis.
